Los puntos de encuentro familiar de Andalucía atienden a casi 4.000 hijos de padres en conflicto desde 2011

 

Fuente: Junta de Andalucía

Este servicio público garantiza que el cumplimiento de los regímenes de visita no suponga una amenaza para la seguridad de los menores.

Los puntos de encuentro familiar de Andalucía, dependientes de la Consejería de Justicia e Interior, han atendido desde 2011 a un total de 3.972 hijos de parejas en conflicto en las que se articula una resolución judicial para cumplir con los regímenes de visitas de los menores y sus progenitores, garantizando su protección.

En concreto, Andalucía cuenta con diez puntos de encuentro de familiar, ocho en las capitales de provincia y otros dos en Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga), donde en 2011 se atendió a 2.239 menores, mientras que en los seis primeros meses de 2012 esta cifra ascendió a 1.733 jóvenes.

Cada punto de encuentro familiar es un servicio público neutral de intervención temporal para llevar a cabo el cumplimiento de las resoluciones judiciales sobre el régimen de visitas, comunicación y estancia de los menores cuyos padres mantienen unas relaciones y convivencia conflictivas tras la separación. Esta función ha de cumplirse garantizando, en todo momento, la seguridad de los integrantes de la unidad familiar y velando por el interés superior del menor.

Para la consecución de estos objetivos, los puntos cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos de conflictividad familiar y menores en riesgo, que pertenecen a entidades privadas bajo la supervisión y control de las distintas delegaciones del Gobierno en las provincias, y coordinados por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas.

Uno de los objetivos principales de los puntos de encuentro es establecer en las familias en situación de ruptura los vínculos necesarios para un buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional del menor. Además, la prestación de este servicio conlleva la absoluta garantía de que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga una amenaza para la seguridad del menor ni de las víctimas de violencia de género. Para ello, en estos dispositivos se prepara a los progenitores y familias para conseguir autonomía y poder mantener las relaciones con los menores sin depender de este servicio público.